Honduras fija una meta de recorte de 13 MtCO2e a 2035 y refuerza su estrategia de usar mercados de carbono del Artículo 6 para financiarla.

Honduras ha elevado el perfil económico de su política climática al presentar un nuevo plan bajo el Acuerdo de París que incorpora una meta específica de reducción de emisiones hacia 2035 y un uso más intensivo de los mercados de carbono del Artículo 6. De acuerdo con información especializada, el país apunta a reducir más de 12.82 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) frente a un escenario tendencial hacia 2035, en la práctica alrededor de 13 MtCO2e.

Esta nueva hoja de ruta se construye sobre la segunda actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), en la que Honduras se había comprometido a recortar 16% de sus emisiones proyectadas a 2030 —equivalente a 4.84 MtCO2e— respecto a un escenario de referencia de 50.38 MtCO2e, con énfasis en energía, agricultura, procesos industriales, residuos y, más recientemente, uso de suelo y bosques. Aunque el país aporta menos de 0.05% de las emisiones globales, es considerado uno de los más vulnerables al cambio climático por su exposición a huracanes, sequías y pérdida de cobertura forestal.

El elemento novedoso es el rol central que se asigna a los mecanismos de cooperación del Artículo 6 del Acuerdo de París. Honduras ha presentado ante la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático un informe inicial actualizado para un enfoque cooperativo basado en REDD+ —reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal—, que permitiría transar resultados de mitigación como resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMOs). Este enfoque busca monetizar, bajo estándares de la ONU, los resultados de protección y restauración de bosques.

En paralelo, el país ha avanzado en alianzas bilaterales y con el sector privado. En 2025, Honduras y Surinam firmaron una carta de intención con Deutsche Bank, Bayer, Siemens, Symrise y la Coalición por las Naciones con Bosques Tropicales para desarrollar créditos soberanos de carbono de selva tropical bajo el Artículo 6.2, con el objetivo de crear una nueva clase de activo que remunere la conservación de bosques a gran escala. Además, Honduras firmó un acuerdo de cooperación de cinco años con el Servicio Forestal de Corea para implementar los Artículos 5 y 6, incluyendo estudios de viabilidad para un programa nacional REDD+ transable como ITMOs.

Para el clima de negocios, esta estrategia abre un potencial mercado de créditos de carbono soberanos respaldados por resultados verificados de reducción de emisiones. Empresas de energía, agroindustria, banca y grandes corporativos con metas de cero emisiones netas podrían adquirir estos créditos para cumplir objetivos climáticos bajo marcos alineados a la ONU, siempre que se despejen las dudas sobre integridad ambiental y gobernanza.

No obstante, analistas y organizaciones locales han advertido sobre desafíos de implementación. Estudios recientes señalan que Honduras enfrenta debilidades institucionales, limitaciones de financiamiento y ejecución lenta de políticas, lo que podría dificultar traducir metas ambiciosas en reducciones efectivas y sostenibles de emisiones. También recuerdan que el éxito de los esquemas REDD+ depende de reforzar el control de la deforestación, mejorar el manejo forestal y garantizar la participación de comunidades indígenas y rurales.

Para Centroamérica y los inversionistas internacionales, el caso hondureño será una prueba clave de si los mercados de carbono del Artículo 6 pueden convertirse en una fuente relevante de ingresos fiscales, financiamiento verde y proyectos de conservación con impacto económico medible.

La nueva meta de 13 MtCO2e a 2035 y la apuesta por mercados de carbono consolidan a Honduras como uno de los laboratorios regionales para la implementación del Artículo 6, con oportunidades de inversión, pero también con riesgos de ejecución que el sector privado seguirá de cerca