Tras reuniones con funcionarios salvadoreño, el gobierno costarricense anunció la construcción de una mega cárcel que será llamada CACCO.

En abril pasado, el ministro de Justicia de Costa Rica, Gerald Campos, visito a El Salvador para buscar asesoría y llevó consigo planos para replicar en su país, el modelo carcelario de su homólogo Nayib Bukele.

La decisión de construir un nuevo penitenciario de máxima seguridad, forma parte de un esfuerzo por abordar el hacinamiento carcelario que supera el 30% y al mismo tiempo, mejorar la seguridad en el país, incluso evitar conflictos entre los reclusos que podrían terminar en amotinamientos.

Vista aérea del nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Costa Rica, con infraestructura de máxima seguridad y áreas de alojamiento.

El nuevo CACCO

El proyecto de la cárcel de máxima seguridad es llama “Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO)” y se tiene proyectado de tendrá una capacidad para 5,100 privados de libertad.

Sobre el presupuesto asignado para su construcción, el gobierno a asignado $ 35 millones de dólares. Sin precisar el lugar de la obra, las autoridades anunciaron que la nueva infraestructura penitenciaria tendrá una dimensión de 31,048 metros cuadrados.

Además, destacaron que el servicio de vigilancia no sería tripulado, que tendría cinco módulos de alojamiento, cinco consultorios médicos, un circuito cerrado de televisión y botones de pánico.

Seguridad en declive

A nivel centroamericano, Costa Rica ha sido elogiada por su seguridad, sin embargo, el clima de tranquilidad se ha visto deteriorado por los índices de criminalidad.

En 2023, esta nación experimentó una alza en los homicidios, con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes. En 2024 tuvo una leve disminución y el 2025 muestra de nuevo un incremento, con 543 homicidios en los últimos días.

Según las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad es señalada por la mayoría de la población como el principal problema del país.

Esta situación es aprovechada por el presidente Rodrigo Chaves, quien responsabiliza al Poder Judicial y al Legislativo, pero al mismo tiempo, retoma el problema para convertirlo en su campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2026.

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