Rixi Ramona Moncada Godoy, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) para las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025, enfrenta un historial político marcado por múltiples controversias documentadas que abarcan desde acusaciones de corrupción durante su gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta vinculaciones indirectas con los recientes escándalos que han sacudido a su partido político.
A medida que se acerca la contienda electoral más importante del país centroamericano, resulta fundamental examinar con rigor periodístico el expediente público de quien podría convertirse en la próxima mandataria de Honduras, particularmente considerando las promesas de transparencia y lucha anticorrupción que han caracterizado el discurso del Partido Libre desde su fundación.
El Caso ENEE 2009: Acusaciones de Fraude y Abuso de Autoridad
La Investigación por Sobrevaloramiento de Alquiler
El 22 de julio de 2009, apenas un mes después del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, la Fiscalía contra la Corrupción de Honduras presentó formalmente cargos contra Rixi Moncada por abuso de autoridad y fraude contra el Estado. Las acusaciones se centraron en el presunto sobrevaloramiento en el alquiler de un edificio destinado a oficinas de la ENEE durante su gestión como gerente general de la empresa eléctrica estatal, cargo que ocupó desde enero de 2008 hasta junio de 2009.
Según documentos judiciales de la época, la investigación señalaba que el edificio alquilado, propiedad de una sociedad representada por los hijos de Nidia Lefebre (quien posteriormente sería destituida como embajadora de Honduras en Japón), fue arrendado a un precio significativamente superior al valor de mercado. El inmueble además fue entregado sin los mínimos requerimientos para albergar oficinas públicas, contando únicamente con tres baños para todo el personal, lo que generó costos adicionales de adecuación asumidos por el Estado hondureño.
La Fiscalía contaba con evidencias documentales, testimoniales y periciales sobre presuntas irregularidades en este contrato de arrendamiento. Junto a Moncada, también fueron acusados el exministro de Defensa Arístides Mejía y la exministra de Finanzas Rebeca Santos, formando parte de lo que las autoridades de la época calificaron como una red de funcionarios del gobierno Zelaya involucrados en presuntos actos de corrupción.
Orden de Captura y Presentación Voluntaria
El caso escaló hasta el punto de que se emitió una orden de captura nacional e internacional contra Rixi Moncada. Sin embargo, el 24 de febrero de 2010, la exgerente de ENEE se presentó de manera sorpresiva ante el juez Mario Ríos en los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar las acusaciones.
El magistrado resolvió imponer medidas sustitutivas de prisión, suspendiendo las órdenes de captura pero manteniendo restricciones de desplazamiento y vigilancia sobre los acusados. La audiencia inicial del juicio fue programada para el 15 de marzo de 2010.
Sobreseimiento Definitivo: Absolución Controvertida
En abril de 2010, apenas dos meses después de presentarse ante la justicia, la Corte declaró un sobreseimiento definitivo a favor de Rixi Moncada, lo que en términos legales significa el archivo definitivo del caso y la imposibilidad de reabrirlo por los mismos hechos. Esta decisión judicial fue ratificada en diciembre de 2013, cuando la misma Corte declaró sin lugar un recurso de apelación presentado por la Fiscalía que intentaba revertir el sobreseimiento.
La rapidez del proceso judicial y el sobreseimiento definitivo generaron suspicacias en diversos sectores de la sociedad hondureña, particularmente considerando que ocurrió en el contexto post-golpe de Estado, un período caracterizado por profunda polarización política y cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial hondureño.
Es importante señalar que, desde la perspectiva jurídica, el sobreseimiento definitivo establece formalmente la inocencia de Moncada respecto a estos cargos específicos. Sin embargo, el caso permanece en el debate público como parte del historial de controversias que rodean su carrera política.
El Escándalo Odebrecht: Contratos No Publicados y Sospechas de Corrupción
La Firma del Contrato con la Constructora Brasileña
Uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Rixi Moncada al frente de la ENEE fue la firma de un contrato con la constructora brasileña Odebrecht en enero de 2009 para la construcción de dos represas hidroeléctricas: Los Llanitos y Jicatuyo, ubicadas en el departamento de Santa Bárbara. El proyecto contemplaba una capacidad instalada de 290 megavatios con un costo aproximado de 800 millones de dólares.
Durante años, Moncada negó públicamente haber firmado dicho contrato con Odebrecht. Sin embargo, el 30 de julio de 2018, en medio del escándalo internacional que sacudió a América Latina por la red de corrupción de la constructora brasileña, Rixi Moncada admitió públicamente que efectivamente había firmado el contrato durante su gestión en ENEE.
«En nuestra administración se firmó el contrato de Odebrecht de Jicatuyo y Los Llanitos, y ese contrato, la dictadura golpista se encargó de que no se materializara y lo interrumpieron dolosamente», declaró Moncada en entrevista con HRN.
El Contrato No Publicado y la Falta de Transparencia
Un elemento crítico de esta controversia es que el contrato firmado con Odebrecht nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, como exige la legislación hondureña para contratos de esta magnitud con fondos públicos. Esta omisión se convirtió en uno de los puntos centrales de las investigaciones posteriores sobre posibles irregularidades.
Además, el contrato no establecía claramente cómo Honduras pagaría los 100 millones de dólares comprometidos como parte del acuerdo, generando incertidumbre financiera sobre la viabilidad real del proyecto.
Modificaciones Post-Golpe y Paralización del Proyecto
Tras el golpe de Estado de junio de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya, el gobierno interino de Roberto Micheletti realizó modificaciones al contrato original sin explicaciones públicas. Posteriormente, durante la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, el entonces gerente de ENEE Roberto Martínez Lozano amplió el período de construcción de ambas represas ocho meses adicionales mediante la modificación al contrato 054-2010 del 26 de marzo de 2010.
Sin embargo, el proyecto nunca se materializó. Odebrecht finalmente se retiró de Honduras en 2013, trasladando sus operaciones a Panamá ante la imposibilidad de ejecutar el contrato.
La Investigación Fiscal y la Defensa de Moncada
En febrero de 2017, tras la revelación del escándalo de corrupción de Odebrecht a nivel continental —donde se documentó que la constructora pagó cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de diversos países latinoamericanos—, la Fiscalía hondureña abrió una investigación de oficio sobre el contrato firmado con la ENEE.
Rixi Moncada defendió la legitimidad del contrato, asegurando que fue «sano y correcto» y que cualquier irregularidad ocurrió en las modificaciones posteriores realizadas por gobiernos siguientes. «Yo firmé los contratos, no recibí absolutamente ni un lempira por la firma de esos contratos, actué en mi condición de funcionaria», enfatizó en declaraciones públicas.
La exgerente de ENEE manifestó su apertura a una investigación completa del caso e incluso solicitó que «vengan la Fiscalía y la Corte Federal de Brasil para evaluar la participación del gobierno en la suscripción de ese convenio».
Hasta la fecha, no se han presentado cargos formales contra Moncada relacionados específicamente con el contrato de Odebrecht, aunque el caso permanece como un episodio controvertido de su gestión pública
Vinculación con el Partido Libre y los Escándalos de Corrupción Recientes
El Caso Isis Cuéllar y SEDESOL: Desvío de Fondos Públicos
Aunque Rixi Moncada no ha sido directamente implicada en el escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), su rol como figura principal del Partido Libre y candidata presidencial oficial la vincula políticamente con uno de los casos de corrupción más graves que ha enfrentado su partido político en el poder.
En junio de 2025, se filtró un video donde la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, vicepresidenta del Congreso Nacional por Libre y una de las legisladoras más votadas de ese partido, sostiene una conversación con el entonces ministro de Desarrollo Social José Carlos Cardona sobre el uso irregular de fondos públicos destinados a programas sociales para fines proselitistas del Partido Libre.
En el audio, Cuéllar habla abiertamente sobre el uso de recursos estatales para «equipar alrededor de 15 a 23 coordinaciones de Libre», evidenciando el desvío directo de recursos destinados a poblaciones vulnerables hacia infraestructura electoral del oficialismo. Posteriormente, trascendieron documentos que revelaron que al menos 65 personas recibieron más de 5.6 millones de lempiras por concepto de emprendimientos, apoyo educativo y reparaciones de vivienda, la mayoría con vínculos directos a Cuéllar o al Partido Libre.
Respuesta del Partido Libre: Suspensión sin Acción Judicial
El Partido Libre oficializó el 3 de julio de 2025 la suspensión de Isis Cuéllar de todos sus cargos dentro del partido: vicepresidenta del Congreso Nacional, sub jefa de bancada, coordinadora departamental, miembro de la Coordinación Nacional y candidata a la reelección. Sin embargo, Cuéllar continuó percibiendo su salario completo como diputada (L77,719.25 mensuales más viáticos) sin asistir al hemiciclo legislativo.
Lo más revelador es que, dos meses después del escándalo, Isis Cuéllar reapareció en redes sociales promocionando activamente su campaña de reelección y respaldando la candidatura presidencial de Rixi Moncada. En sus publicaciones utilizaba hashtags como #RixiPresidenta, #IsisDiputada, #CopánYaDecidió y #TransformandoCopán, evidenciando que mantiene su aspiración política intacta.
Hasta octubre de 2025, ni Isis Cuéllar ni José Carlos Cardona han sido citados por el Ministerio Público para rendir declaración, a pesar de la evidencia audiovisual y documental del caso. La falta de acción judicial ha generado críticas sobre la efectividad del sistema de justicia hondureño y cuestionamientos sobre posibles protecciones políticas.
El «Narcovideo» de Carlos Zelaya: Sombra sobre el Partido Libre
El escándalo de corrupción más devastador para el Partido Libre surgió en septiembre de 2024, cuando el sitio especializado en crimen organizado InSight Crime publicó un video de 34 minutos que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del coordinador del Partido Libre Manuel «Mel» Zelaya, reunido en 2013 con miembros del cártel hondureño Los Cachiros negociando un soborno de $650,000 dólares para financiar la campaña presidencial de Xiomara Castro de ese año.
El video, grabado con una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes (Denis Rivera Maradiaga), muestra conversaciones explícitas donde los traficantes «recuerdan contribuciones pasadas de hasta 500,000 dólares, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya». En la grabación, Carlos Zelaya negocia «cuánto van a darle entre todos a Mel» y discute el alquiler de hasta diez vehículos para que el partido los usara durante la campaña.
«La mitad que sea para el comandante», dice Carlos Zelaya durante la discusión sobre el dinero para la campaña, usando el apodo común dentro de Libre para su hermano Manuel Zelaya.
Consecuencias Políticas Limitadas
La revelación del «narcovideo» tuvo consecuencias inmediatas pero limitadas. Carlos Zelaya renunció a su cargo de diputado y secretario del Parlamento hondureño. Su hijo, José Manuel Zelaya, quien fungía como ministro de Defensa (cargo que posteriormente ocuparía Rixi Moncada), también presentó su dimisión con el fin de que el Ministerio Público pudiera investigar «con toda libertad» a su padre.
Sin embargo, hasta mayo de 2025, el Ministerio Público declaraba que «aún analiza» el video sin haber tomado acciones legales concretas. El fiscal general Johel Zelaya indicó que las indagaciones están en marcha pero que la etapa de investigación impide compartir más información. Esta falta de avances judiciales ha generado críticas sobre la independencia del Ministerio Público y posibles protecciones políticas a figuras del partido gobernante.
La presidenta Xiomara Castro calificó la publicación del video como un «complot golpista» destinado a destruir su gobierno y alterar las elecciones de 2025. «Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos», declaró Castro en Cadena Nacional, denunciando que existe «un plan en marcha para destruir su gobierno».
Promesas Incumplidas del Gobierno de Xiomara Castro (2022-2025)
El Contexto Electoral: Libre en el Poder
Rixi Moncada fue una de las figuras clave del gobierno de Xiomara Castro desde su inicio. Se desempeñó como secretaria de Finanzas desde enero de 2022 hasta enero de 2024, y posteriormente como secretaria de Defensa Nacional desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este último cargo en la historia de Honduras.
Su estrecha vinculación con el gobierno Castro la hace directamente responsable, desde la perspectiva política, de los avances y retrocesos de las promesas electorales que llevaron al Partido Libre al poder en 2021 con un mandato de «refundar Honduras».
Promesas Cumplidas a Medias: El Caso de la Energía «Gratis»
Una de las promesas estrella de la campaña electoral de Libre fue otorgar «energía gratis» a más de un millón de familias hondureñas que consumen menos de 150 kilovatios por mes. Esta promesa fue técnicamente cumplida, beneficiando a 1,334,648 hogares según cifras oficiales.
Sin embargo, análisis independientes revelaron que el 60% del costo mensual de la energía «gratis» (540.9 millones de lempiras) es asumido por el gobierno, mientras el 40% es trasladado a consumidores comerciales e industriales, quienes efectivamente subsidian el programa mediante tarifas más altas. Esta estructura de financiamiento no fue explicada claramente durante la campaña electoral, generando controversia sobre la veracidad de la promesa de «energía gratis».
La Crisis de ENEE: Sector Energético sin Resolver
A pesar de las promesas de «refundación del sector energético» y la aprobación de la Ley Especial de Energía en 2022 (Decreto 46-2022), el sector eléctrico hondureño continúa enfrentando problemas estructurales graves.
La ENEE fue declarada en quiebra por el propio gobierno de Xiomara Castro en 2022, heredando una deuda superior a los L57,000 millones de lempiras (más de 2,000 millones de dólares). Las pérdidas técnicas y no técnicas de energía siguen siendo alarmantes, alcanzando aproximadamente el 60% del total generado debido principalmente al fraude eléctrico.
A pesar de la narrativa oficial sobre la «transformación del sector energético», Honduras continúa pagando anualmente más de L20,000 millones a dos empresas térmicas privadas bajo contratos que el propio gobierno ha calificado de «leoninos» y «corruptos». Esta situación contradice las promesas de renegociación de contratos onerosos y reducción de costos en el sector eléctrico.
Promesas Completamente Incumplidas
Un análisis exhaustivo de medios independientes hondureños identifica múltiples promesas de campaña que permanecen sin cumplirse a menos de un año de concluir el mandato de Castro:
1. CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras): La instalación de la CICIH fue una «bandera de campaña» de Castro. Sin embargo, hasta octubre de 2025 no existe acuerdo firmado con Naciones Unidas debido a desacuerdos sobre la independencia del organismo. El gobierno no ha aceptado la revisión de la Ley de Amnistía Política que ha beneficiado a funcionarios del gobierno Castro, uno de los requisitos exigidos por la ONU. El 61.42% de los hondureños consideran que la CICIH no llegará al país.
2. Centro Cívico Gubernamental (CCG) convertido en hospital: Castro prometió en campaña convertir el costoso CCG en «un hospital de los más modernos de Centroamérica». Al llegar al poder, el gobierno reconoció que esto no era posible debido a que el edificio nunca fue diseñado para acoger un hospital.
3. Fortalecimiento del valor del lempira: Durante la campaña y el gobierno anterior, Castro cuestionó que el tipo de cambio del lempira ante el dólar estuviera en L24, prometiendo «parar eso». Sin embargo, en mayo de 2025 el tipo de cambio alcanzó L26.0354 por dólar, representando una devaluación durante su mandato.
4. Reducción del desempleo: El desempleo permanece como uno de los principales problemas identificados por la población (17.9% de los encuestados lo señalan como fracaso del gobierno).
5. Situación económica general: Un 22.8% de los hondureños identifica la situación económica del país como el principal fracaso del gobierno de Castro, siendo la crítica más frecuente. Además, un 36% de los encuestados no identifica ningún logro en los tres años de gestión.
Inversión sin Resultados Proporcionales
A pesar de inversiones significativas en diversos sectores, los resultados percibidos por la población no concuerdan con los recursos invertidos. Por ejemplo:
- Infraestructura vial: Se han invertido más de L14,000 millones en carreteras y puentes, el logro más reconocido (25.5%). Sin embargo, la ejecución presupuestaria sigue siendo baja debido a «manejo poco eficiente del gasto, retrasos en obras y trámites burocráticos».
- Programas sociales publicitados como becas solidarias, reparación de escuelas y construcción de hospitales «aparecen con porcentajes tan ínfimos que no concuerdan con los recursos que se invierten».
Nepotismo: Nueve Familiares en Cargos Públicos
Uno de los aspectos más criticados de la trayectoria política de Rixi Moncada es el nepotismo documentado con la inclusión de al menos nueve familiares directos en cargos públicos del gobierno de Xiomara Castro.
En mayo de 2023, el informe «Concentración de poder» del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el nepotismo en la administración pública hondureña desde 2014 criticó específicamente la inclusión de 4 hermanos y una sobrina de Moncada en puestos gubernamentales. Posteriormente se reveló que también otro hermano, otro sobrino y sus dos hijos ostentaban cargos públicos.
Familiares de Moncada en el Gobierno
Hijos:
- Marcela Arias: Nombrada en enero de 2024 representante de la Misión Permanente de Honduras en la oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. En junio de 2024 fue elegida vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Ramón Ernesto Arias: Gerente de País-Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde el 9 de agosto de 2024.
Hermanos:
- Nora Magdalena Moncada: Cónsul de Honduras en Dallas, Texas.
- Mario Antonio Moncada: Titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) desde abril de 2022.
- Oscar Donaldo Moncada: Subgerente de Regionales de Condepor.
- Marlon Mauricio Moncada: Jefe de Contrataciones en la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
- Claudia Berónica Moncada: Inspectora general en el Instituto de la Propiedad y excandidata a diputada por Libre en las elecciones de 2021.
Sobrinos:
- Sally Verónica Aguilar Moncada (hija de Claudia): Oficial de transparencia en la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Marvin Dassaev Aguilar Moncada (hijo de Claudia): Periodista y corresponsal de la cadena iraní HispanTV, exprecandidato a diputado por Francisco Morazán en las elecciones internas de 2025, exdirector de prensa de Casa Presidencial hasta febrero de 2023, y exdirector de Despacho Ministerial en el Comité Permanente de Contingencias (COPECO).
Esta concentración de poder familiar en cargos estratégicos del Estado ha generado críticas sobre la contradicción entre el discurso anticorrupción del Partido Libre y las prácticas de gobierno que replican vicios históricos de la política hondureña.
Contexto Electoral 2025: Rixi Moncada como Favorita
A pesar de las múltiples controversias documentadas, Rixi Moncada mantiene una ventaja significativa en las encuestas electorales de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Según la encuesta más reciente de TResearch (octubre 2025), Moncada lidera la intención de voto con 44.0%, seguida de Salvador Nasralla con 30.3% y Nasry «Papi a la Orden» Asfura con 18.2%. Incluso en escenarios de alianza opositora, Moncada mantiene ventajas significativas: 45.7% frente a 35.1% de Asfura, y 46.0% frente a 40.9% de Nasralla.
La aprobación del gobierno de Xiomara Castro se mantiene mayoritaria con 55.6%, mientras que el 37.6% desaprueba y 6.8% no tiene opinión. Este respaldo ciudadano al gobierno saliente favorece directamente a Moncada como candidata oficial del oficialismo.
Estrategia de Campaña: Continuidad del Proyecto Libre
Rixi Moncada ha basado su campaña electoral en la continuidad del «proyecto refundacional» iniciado por Castro, posicionándose como garante de los avances logrados y prometiendo profundizar las transformaciones.
En sus mítines políticos, Moncada ha adoptado un discurso confrontacional contra la oposición tradicional, utilizando consignas como «No volverán» y «Fuera JOH» (en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por vínculos con el narcotráfico).
«Ellos son los golpistas, los saqueadores, los que dejaron endeudado este país en más de un 350 por ciento», declaró Moncada en un mitin en Talanga, Francisco Morazán. Esta narrativa de contraste con los gobiernos anteriores ha sido la estrategia central para neutralizar las críticas sobre corrupción y promesas incumplidas de su propio partido.
Conclusión: Un Historial Controvertido de Cara a las Elecciones
El expediente público de Rixi Moncada presenta un panorama complejo de controversias judiciales resueltas a su favor, pero que permanecen como elementos cuestionados en el debate político hondureño.
Si bien fue absuelta mediante sobreseimiento definitivo de las acusaciones de corrupción de 2009 relacionadas con su gestión en ENEE, y no enfrenta cargos formales por el contrato con Odebrecht, estos episodios —sumados a su vinculación con los recientes escándalos del Partido Libre (Isis Cuéllar/SEDESOL y Carlos Zelaya/narcovideo) y las múltiples promesas incumplidas del gobierno Castro— configuran un historial de transparencia cuestionado.
El nepotismo documentado con nueve familiares en cargos públicos contradice directamente el discurso anticorrupción que caracterizó la llegada de Libre al poder. Asimismo, la falta de acción judicial efectiva contra miembros prominentes de su partido involucrados en escándalos de corrupción (Isis Cuéllar, Carlos Zelaya) genera interrogantes sobre el compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas.
A menos de un mes de las elecciones generales de Honduras 2025, los votantes hondureños enfrentan la decisión de otorgar la presidencia a una candidata con amplia experiencia gubernamental, pero cuyo historial político incluye episodios controvertidos que, independientemente de sus resoluciones judiciales, forman parte del debate sobre la calidad democrática y la lucha contra la corrupción en Honduras.
Nota editorial: Este análisis se basa exclusivamente en información documentada y verificable de fuentes oficiales, investigaciones periodísticas publicadas y documentos judiciales de dominio público. Todos los hechos presentados están respaldados por múltiples fuentes independientes citadas a lo largo del artículo.
Observatorio Financiero 
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