Asamblea Legislativa aprobó ley que otorga pago adicional del 50% del salario en enero para empleados públicos y privados.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 14 de enero la Ley Quincena 25, una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele que establece un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual para trabajadores que perciban hasta $1,500.​

La normativa, aprobada con 59 votos, consiste en un pago adicional que se realizará entre el 15 y el 25 de enero de cada año. Este beneficio estará exento de descuentos del Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del sistema de pensiones (AFP), además de ser inembargable.​

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, informó en conferencia de prensa que la población beneficiada se acercará al millón de trabajadores, considerando que el empleo formal en El Salvador superó esa cifra al sumar empleados del sector público y privado.​

Para 2026, el pago será obligatorio únicamente para empleados del sector público, mientras que para el sector privado será voluntario. Las empresas que decidan implementarla este año podrán deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta correspondiente a 2026.​

A partir de 2027, la Ley Quincena 25 será de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el sector privado que opere en El Salvador.​

El presidente Bukele argumentó que enero suele ser un mes complicado para las familias salvadoreñas debido a los gastos de diciembre. «La Quincena 25 servirá para reactivar nuestra economía y mejorar directamente la vida de un millón de familias en todo nuestro país», afirmó el mandatario al presentar la medida.​

Varias empresas salvadoreñas han anunciado su adhesión voluntaria para 2026. Entre ellas se encuentran la cadena de supermercados Super Selectos, H&M Servicios Corporativos Integrados, Urbánica, Almacenes Bomba, Davivienda, Banco Cuscatlán y Laboratorio Ancalamo.​

También se sumaron Adoc, Electrolab Medic, Farmacia San Nicolás, Premium Center, Dollar City y la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal), subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).​

Gremiales empresariales como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y Asociación Azucarera de El Salvador emitieron un comunicado respaldando la medida.​

Las organizaciones reconocen la importancia del razonamiento expuesto por el Gobierno y confían en que la aplicación de esta normativa pueda convertirse en un factor dinamizador de la economía nacional. El período de aplicación voluntaria durante 2026 es visto como «un enfoque gradual y flexible que reconoce la diversidad de realidades operativas, administrativas y financieras de las empresas».​

La Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) realizó un llamado a las empresas del rubro a sumarse a la iniciativa.​

Según el Gobierno, la medida fue discutida con sectores empresariales y laborales desde el lunes 13 de enero. El planteamiento oficial sostiene que un mayor flujo de ingresos podría traducirse en mayor movimiento comercial, beneficiando incluso a las mismas empresas que asumen el pago.​

Esta medida se suma al adelanto del pago de aguinaldo que se aprobó en 2025 y que, según el Gobierno, sirvió para reactivar la economía salvadoreña.​

La ley consta de nueve artículos y entrará en vigor al ser publicada en el Diario Oficial. El impacto de la normativa será monitoreado tanto por las autoridades como por el sector privado, que anticipa ajustes paulatinos en su estructura de pagos y manejo fiscal en el transcurso de 2026.​

Esta iniciativa se implementa en un contexto donde el Banco Mundial revisó al alza su proyección de crecimiento para El Salvador, estimando un 3.5% para 2025 y un 3.0% para 2026, cifras superiores a las proyectadas previamente