Cuando el BCIE emitió bonos por 500 millones de libras esterlinas en el mercado internacional de capitales, no estaba simplemente recaudando dinero para prestarlo en la región: estaba demostrando que los activos centroamericanos vinculados a proyectos sostenibles tienen demanda entre los más sofisticados inversionistas del mundo. Este hecho marca un antes y un después en la historia financiera de la región, porque significa que la sostenibilidad ya no es solo un valor declarativo de los bancos que la promueven —como Grupo Promerica—: es también una ventaja competitiva que abre puertas a fuentes de capital que antes estaban vedadas para la región.

Qué son los bonos verdes y cómo se diferencian de los bonos convencionales

Un bono verde es un instrumento de deuda cuyo uso de fondos está restringido contractualmente a proyectos que generan beneficios ambientales verificables. A diferencia de un bono convencional —donde el emisor puede usar los recursos para cualquier propósito corporativo—, un bono verde obliga al emisor a reportar públicamente cómo se utilizaron los fondos, qué proyectos financió y cuál fue el impacto ambiental medido de esas inversiones.

Los proyectos típicamente financiables con bonos verdes incluyen energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala), eficiencia energética en edificios e industria, transporte limpio (movilidad eléctrica, sistemas masivos de transporte), gestión sostenible del agua y los residuos sólidos, y adaptación al cambio climático en agricultura y en infraestructura costera. Los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA) son el marco de referencia global que define los criterios de elegibilidad y los requisitos de reporte.

El mercado de bonos verdes en la región: quién emite y quién compra

En Centroamérica, los emisores de bonos verdes han sido principalmente los gobiernos —Costa Rica fue pionero en la región— y los organismos multilaterales como el BCIE. La participación de la banca privada en los mercados de bonos verdes internacionales ha sido más limitada, aunque creciente. Algunas instituciones financieras regionales han emitido bonos sociales y sostenibles en los mercados locales, pero el acceso al mercado internacional de bonos verdes requiere calificaciones crediticias y marcos de transparencia que no todos los bancos centroamericanos tienen en este momento.

Grupo Promerica, con su red de operaciones en nueve países y su creciente agenda de sostenibilidad —que incluye el programa Puntos Verdes en Guatemala, financiamiento para movilidad eléctrica en Costa Rica y líneas de crédito para energías renovables en varios mercados—, está construyendo el portafolio de activos verdes que en el mediano plazo podría respaldar una emisión de bonos sostenibles en los mercados internacionales.

El papel de los inversionistas ESG y su creciente influencia

Del lado de la demanda, los bonos verdes son comprados principalmente por fondos de inversión que tienen mandatos ESG (Environmental, Social and Governance): fondos de pensiones europeos, gestoras de activos con políticas de inversión responsable y fondos soberanos con compromisos de descarbonización de sus portafolios. Este universo de inversionistas gestiona decenas de billones de dólares globalmente y está en búsqueda activa de activos que cumplan con sus criterios de sostenibilidad.

Para Centroamérica, esto representa una oportunidad histórica: la región tiene proyectos de altísimo valor ambiental —bosques tropicales que secuestran carbono, ríos que pueden generar energía limpia, comunidades que pueden liderar la transición a la agricultura regenerativa— que necesitan financiamiento. Si los sistemas financieros regionales logran estructurar esos proyectos en instrumentos que cumplan los estándares de los inversionistas ESG internacionales, pueden atraer capital de largo plazo a tasas competitivas para financiar el desarrollo sostenible de la región.

El desafío de la verificación y el reporte de impacto

El mayor obstáculo que enfrentan los emisores de bonos verdes en la región no es la falta de proyectos elegibles: es la capacidad de verificar, medir y reportar el impacto ambiental de las inversiones con los estándares de rigor que exigen los inversionistas internacionales. Esta capacidad de medición y reporte es exactamente lo que la taxonomía verde centroamericana, actualmente en desarrollo, busca proveer: un marco común que haga los proyectos regionales comparables y verificables a ojos de los mercados globales de capital sostenible.