El pasivo previsional ya equivale a casi un tercio del PIB y crece sin freno. Sin reforma aprobada y con la advertencia del FMI sobre el agotamiento de los fondos en 2027, la pregunta no es si el sistema necesita cambios, sino cuándo y a qué costo.

¿A cuánto asciende la deuda de pensiones de El Salvador?

La deuda del Gobierno de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los $11,520 millones al cierre de abril de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Para tener una referencia del tamaño de esa cifra: equivale al 30.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y representa aproximadamente el 34 % de toda la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF).
En términos más concretos: uno de cada tres dólares que el Estado salvadoreño debe, corresponde al sistema de pensiones. No a hospitales, no a escuelas, no a infraestructura vial. Al sistema previsional.

¿Qué tan rápido crece ese pasivo?

En los últimos doce meses, la deuda previsional creció en $778.59 millones de dólares, un aumento del 7.24 %. Solo en el primer trimestre de 2026, el incremento fue de $235 millones adicionales.
Ese ritmo de crecimiento supera con frecuencia el crecimiento del PIB nominal del país. En otras palabras: la deuda de pensiones está creciendo más rápido que la economía que se supone debe pagarla.

¿Por qué es el mayor riesgo fiscal del país?

Una financiera inglesa —según reportó Infobae en junio de 2026— identificó la deuda previsional como «el principal riesgo estructural para la sostenibilidad fiscal de El Salvador» en 2026. No es un juicio aislado. El FMI, en sus revisiones periódicas, y organismos como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador han emitido señales similares.
El peso de las pensiones sobre el presupuesto público
El gasto en pensiones representa actualmente el 5.3 % del PIB. Según proyecciones de la SSF, ese porcentaje escalará hasta el 8.4 % del PIB en los próximos años si no se implementa una reforma estructural. Para un país con presupuesto limitado y acceso condicionado a los mercados internacionales, ese incremento es fiscalmente insostenible.
La advertencia del FMI sobre la Cuenta de Garantía Solidaria
El FMI ha advertido que la Cuenta de Garantía Solidaria —el fondo de respaldo del sistema previsional salvadoreño— podría agotarse en 2027. Si eso ocurre, el Gobierno tendría que asumir directamente el pago de las pensiones del pilar solidario, lo que generaría una presión adicional sobre un presupuesto que ya tiene poco margen de maniobra.

¿Dónde están invertidos los ahorros de los trabajadores?
Este es uno de los puntos más críticos del debate previsional salvadoreño. Aproximadamente el 89 % de los activos gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) está invertido en instrumentos de deuda pública o en entidades financieras con alta exposición a esos títulos.
Traducido al lenguaje cotidiano: los ahorros de los trabajadores salvadoreños están, en su gran mayoría, prestados al propio Estado. El Estado usa ese dinero para operar, pero al mismo tiempo acumula una deuda creciente con esos mismos fondos. Es un círculo que solo se rompe con crecimiento económico sostenido, reforma del sistema, o una combinación de ambos.

La reforma pendiente: promesas, plazos vencidos y presiones del FMI
El estancamiento de las negociaciones entre El Salvador y el FMI para un acuerdo de respaldo financiero está ligado, en parte significativa, a la falta de avances en la reforma previsional. Las estimaciones de analistas sitúan en un 65 % la probabilidad de que ese acuerdo permaneciera bloqueado mientras el problema de pensiones no se resolviera.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió ante el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026. Ese plazo venció sin que ninguna iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. Al cierre de esta edición —30 de junio de 2026— la reforma sigue pendiente.
Los ejes que se han barajado en las propuestas circulantes incluyen el aumento gradual de la edad de jubilación, modificaciones en las tasas de cotización, la posibilidad de abrir el mercado a nuevas administradoras y la creación de un mecanismo de inversión diversificada que reduzca la concentración en deuda pública.

¿Qué implica todo esto para los trabajadores salvadoreños?

Para el trabajador que cotiza hoy en el sistema de AFP, la situación genera interrogantes razonables: ¿estará mi dinero cuando me jubile? ¿cuándo llegue ese momento, habrá suficientes fondos para pagarme?
La respuesta honesta es que sin una reforma estructural, los riesgos son reales. No inmediatos para todos los cotizantes, pero sí reales para el mediano y largo plazo, especialmente para quienes están más cerca de la jubilación y dependen de la Cuenta de Garantía Solidaria.
La señal más clara de la urgencia la da el propio FMI: si la Cuenta Solidaria se agota en 2027, el sistema perderá su red de seguridad más básica. Y no habrá tiempo para diseñar una solución cuando el problema ya esté encima.