El gobierno de El Salvador acumuló 7,672 bitcoines con un valor de USD 487.5 millones hasta el 5 de junio de 2026, según datos oficiales publicados en el portal bitcoin.gob.sv/es. La cifra llega en un momento simbólico: el 8 de junio se cumplen cinco años desde que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, que convirtió al país en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal.
La noticia no es sólo numérica. Es el retrato de una apuesta que ha sobrevivido presiones del Fondo Monetario Internacional, un precio del bitcoin caído más de un 40 % en el último año, y el bajo uso cotidiano de la criptomoneda entre la población salvadoreña. El gobierno de Nayib Bukele sigue comprando.

Una estrategia simple: un bitcoin al día

La lógica detrás de las reservas salvadoreñas es directa: el Estado adquiere aproximadamente un bitcoin por día de forma sistemática, y aumenta las compras cuando el precio baja. Esa disciplina explica que entre diciembre de 2025 (cuando el Gobierno reportó 7,517 BTC) y el 5 de junio de 2026, el acervo haya crecido en 155 monedas adicionales.
La semana anterior a esta publicación, el bitcoin acumula una caída del 15 % y cotiza alrededor de USD 62,229 por unidad. Lejos de frenar, el ejecutivo salvadoreño añadió tres bitcoines entre el lunes y el miércoles de esta semana. La estrategia no cambia con las turbulencias del mercado.

Cinco años de la Ley Bitcoin: qué quedó y qué cambió

Cuando el presidente Bukele promovió la Ley Bitcoin en junio de 2021, el anuncio generó tanto entusiasmo como escepticismo. La norma entró en vigor 90 días después y obligó a comercios y personas a aceptar la criptomoneda como pago, junto al dólar estadounidense.
Con los años, los términos se fueron ajustando. En enero de 2025, como parte del acuerdo de préstamo con el FMI firmado en 2024, el Congreso salvadoreño eliminó la obligación de aceptar bitcoin y suprimió la participación directa del Estado en su circulación comercial. Lo que permanece, sin embargo, es la reserva estatal y la voluntad política de sostenerla.

El FMI y los límites a la apuesta cripto

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, alcanzado en 2024, impuso restricciones sobre el uso y la adquisición de criptomonedas por parte del Estado. El FMI ha señalado consistentemente los riesgos de concentrar activos altamente volátiles en las reservas de un gobierno.
A pesar de esas restricciones, el Ejecutivo ha mantenido su ritmo de compras. El gobierno no ha informado si planea usar la reserva para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. La estrategia, hasta ahora, es de acumulación.

El bitcoin en la vida real de los salvadoreños

Mientras el Estado acumula BTC, la adopción masiva sigue siendo esquiva. Estudios recientes indican que el 92 % de la población no utilizó bitcoin en 2024, el nivel más bajo desde su introducción como moneda de curso legal. La brecha entre la política estatal y el uso cotidiano es evidente.
Las remesas en criptomonedas cuentan una historia diferente, aunque modesta. Entre enero y abril de 2026 llegaron USD 23.1 millones en remesas va billeteras digitales, un alza del 44.3 % frente al mismo periodo de 2025, equivalente al 0.70 % del total de remesas recibidas. El total de remesas al país en ese periodo fue de USD 3,286.72 millones, un 6.8 % más que en 2025.
El crecimiento de las remesas cripto es real, pero todavía marginal. El grueso del flujo sigue llegando por los canales tradicionales.

Un activo volátil en el balance del país

El bitcoin ha caído un 22 % en el último mes y un 40.9 % en términos interanuales. En su pico, las reservas salvadoreñas llegaron a valer más de USD 622 millones. Hoy están en USD 487.5 millones. La volatilidad del activo es, al mismo tiempo, el argumento de sus críticos y la oportunidad que ve el gobierno en cada caída de precio.
Si el bitcoin recuperara valores cercanos a su máximo histórico, El Salvador podría tener una posición con plusvalías significativas. Si el mercado se deteriora más, el costo fiscal sería real y visible.

¿Qué sigue para la política cripto salvadoreña?

El quinto aniversario de la Ley Bitcoin no generará grandes celebraciones institucionales, pero sí un balance inevitable. La apuesta existió, se modificó bajo presión internacional y sigue en pie en su forma más esencial: el Estado salvadoreño continúa comprando bitcoin.
Lo que no está claro todavía es cómo y cuándo ese activo será utilizado. Si la reserva se convierte en instrumento de política fiscal, en fondo de desarrollo o simplemente en un experimento histórico dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el precio del bitcoin y con las presiones externas que el país enfrente en los próximos años.