La deuda que el Estado salvadoreño mantiene con los fondos privados de pensiones superó los $11,520 millones al cierre de abril de 2026, según datos oficiales. Solo en el primer trimestre del año, esa obligación creció en $235 millones adicionales, consolidando lo que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consultora financiera EMFI Securities ya identifican como el principal riesgo estructural para las finanzas públicas del país.

Las cifras que ponen en riesgo las finanzas de El Salvador

Los números son contundentes. La deuda previsional representa el 30.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador, lo que equivale a aproximadamente el 34% del endeudamiento total del Sector Público No Financiero (SPNF). Para ponerlo en perspectiva: es como si el Gobierno tuviera que pagar un año y medio de inversión pública total solo en esta obligación.
El déficit del sistema de pensiones fue del 2% del PIB en 2025, con proyección de escalar al 2.9% del PIB en 2027, según misiones técnicas del FMI. El déficit global del SPNF, incluyendo las pensiones, cerró 2025 en 2.9% del PIB y podría alcanzar el 3.1% en 2026.

El agujero dentro del agujero: la Cuenta de Garantía Solidaria

Uno de los aspectos más preocupantes del sistema es la situación de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo creado para pagar pensiones cuando los jubilados agotan el saldo de sus cuentas individuales. El FMI alertó que este mecanismo ya comenzó a activarse con regularidad y que, de no implementarse una reforma, se agotaría alrededor de 2027.

«El 89% de los activos administrados por las AFP están invertidos en deuda pública, ya sea de forma directa o indirecta.» — FMI, misión técnica, 2025

Esta concentración es uno de los problemas de fondo del sistema: los fondos de pensiones financian la deuda del Estado, que a su vez debe pagar esos fondos. Un círculo que, si se rompe, puede generar un efecto domino de consecuencias graves para pensionados y contribuyentes.

El plazo del FMI que El Salvador incumplió

En el marco del acuerdo de facilidad ampliada con el FMI, el Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió a presentar una propuesta de reforma del sistema de pensiones antes del 10 de febrero de 2026. Ese plazo venció sin que el proyecto llegara a la Asamblea Legislativa.
Bloomberg Línea reportó que el incumplimiento generó preocupación dentro del FMI y complejizó las revisiones del programa. Aunque el organismo no ha interrumpido el acuerdo, la demora refuerza la percepción de que la reforma previsional es políticamente incómoda y técnicamente compleja.

¿Por qué no se reforma el sistema de pensiones?

La respuesta corta es política. Una reforma estructural del sistema previsional implica opciones difíciles: aumentar la edad de jubilación, subir las cotizaciones, reducir beneficios, inyectar recursos fiscales o una combinación de las anteriores. Cualquiera de esas opciones tiene un costo político alto en un país donde la capacidad adquisitiva de los pensionados ya es limitada y la clase trabajadora formal es reducida.
La reforma de 2017 —que creó el actual modelo mixto— redujo parcialmente la presión, pero no resolvió el problema estructural: la cobertura del sistema es baja, la informalidad laboral es alta y el bono demográfico que financiaba el sistema anterior ya se agotó.

El impacto en el ciudadano: quién paga el costo

El ciudadano promedio siente el efecto de esta crisis de dos formas. La primera es directa: los actuales pensionados del sistema antiguo (Instituto Salvadoreño del Seguro Social – ISSS y otros) reciben prestaciones financiadas con deuda pública, lo que significa que el dinero que pagan los contribuyentes actuales sostiene en parte esas pensiones.
La segunda es indirecta: el peso de la deuda previsional limita el espacio fiscal del Gobierno para invertir en salud, educación e infraestructura. Cada dólar que va al servicio de la deuda de pensiones es un dólar que no llega a hospitales, escuelas o caminos.

Lo que dice EMFI Securities

La consultora financiera inglesa EMFI Securities fue una de las primeras en catalogar la deuda de pensiones como el mayor riesgo fiscal de El Salvador en 2026. En su análisis, señala que la persistencia de un déficit previsional elevado, combinada con las presiones inflacionarias globales y el bajo crecimiento estructural del país, puede agravar los riesgos de solvencia y aumentar la vulnerabilidad financiera del Estado en el mediano plazo.

¿Qué podría pasar si no se actúa?

Los escenarios son graduales pero serios. En el corto plazo (2026-2027), el agotamiento de la CGS obligaría al Gobierno a encontrar recursos alternativos para pagar pensiones, ya sea mediante más deuda o recortes en otras áreas del presupuesto. En el mediano plazo, la acumulación de obligaciones puede presionar la calificación crediticia del país, encareciendo el acceso al financiamiento externo. En el largo plazo, un sistema de pensiones inviable erosiona la confianza en las instituciones y desalienta la cotización formal.

Conclusión

La deuda de pensiones de El Salvador no es una nota al pie del presupuesto nacional. Es una bomba de tiempo fiscal que, según el FMI, puede comenzar a explotar tan pronto como en 2027. El Gobierno tiene la aritmética en contra: la deuda crece, el sistema se gasta y la reforma no llega. Mientras «El Salvador Crece» atrae titulares de inversión, el sistema previsional sigue siendo la grieta más profunda en los cimientos de las finanzas públicas salvadoreñas.
La pregunta ya no es si El Salvador necesita una reforma de pensiones. La pregunta es cuánto le costará al país cada mes que esa reforma se retrasa.