Laura Fernández insiste en vender el BCR para capitalizar el IVM. La operación podría generar US$1,800 millones. Sindicatos y analistas cuestionan la propuesta.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, ratificó el 1 de febrero su intención de vender el Banco de Costa Rica (BCR) con el objetivo de capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que constituye una de sus principales propuestas económicas de cara a su toma de posesión en mayo de 2026.

«Yo sigo en pie con la propuesta seria de que vendamos el Banco de Costa Rica antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos, y que todos los recursos de la venta de ese banco los utilicemos para capitalizar el fondo de pensiones del IVM de la Caja», declaró Fernández en su primera conferencia de prensa como mandataria electa.​

Valoración y destino de los recursos

De acuerdo con estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas por el gobierno saliente de Rodrigo Chaves, la venta del conglomerado financiero del BCR podría generar entre US$1,802 millones y US$2,453 millones, dependiendo del modelo de valoración utilizado. La candidata Fernández había señalado durante la campaña que la operación rondaría los US$1,800 millones como mínimo.

Sin embargo, el documento técnico del Banco Central advierte que estas estimaciones son preliminares y «altamente dependientes del crecimiento a largo plazo de la economía costarricense». Además, subraya que en caso de autorizarse la venta, «las condiciones y el valor final deberá revisarse de nuevo, idealmente por un grupo especializado en valoración de entidades financieras».​

Fernández planteó que la venta debe acompañarse de «un paquete de reformas estructurales que nos garanticen eficiencia, transparencia y mejores retornos», argumentando que la presión demográfica sobre el sistema de pensiones exige medidas urgentes ante una tasa de natalidad cada vez menor y una población envejecida.​

Rechazo del sindicato y defensa institucional

La propuesta generó una reacción inmediata por parte de Unebanco, el sindicato que representa a más de 4,700 trabajadores del BCR. La organización rechazó categóricamente los argumentos de la presidenta electa, calificando la iniciativa como «un ataque directo al Estado social costarricense».

«La venta del BCR no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones. La propuesta no es más que una mera ocurrencia sustentada en mentiras», afirmó Unebanco en un comunicado público el 3 de febrero.​

El sindicato desmintió específicamente que el banco esté en riesgo de quiebra y defendió que, a diferencia de la banca privada, «el BCR devuelve utilidades al pueblo costarricense». La agrupación también argumentó que la existencia estatal del BCR tiene que ver con «la política de desarrollo social, con la realidad cotidiana en los territorios y la vida socioeconómica de las comunidades».

El 7 de febrero, el propio BCR emitió un pronunciamiento refutando los argumentos de Fernández para justificar la venta, defendiendo la solidez financiera de la institución.​

Contexto político y antecedentes

La propuesta de Fernández retoma una iniciativa impulsada sin éxito por el actual presidente Rodrigo Chaves desde el inicio de su mandato en 2022. El gobierno chavista presentó tres borradores de ley para vender el BCR y otras entidades como el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), pero ninguno prosperó en la Asamblea Legislativa ante el rechazo de la oposición.

Como alternativa, el excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, propuso el 9 de febrero que el IVM administre directamente el BCR en lugar de venderlo, como una fórmula para capitalizar el régimen de pensiones sin perder el control estatal de la institución.​

Implicaciones económicas y sociales

El Banco de Costa Rica es una de las instituciones financieras más antiguas y sólidas de Centroamérica. Su eventual privatización tendría implicaciones profundas en el sistema bancario nacional, el acceso al crédito en zonas rurales y la competencia en el sector financiero costarricense.

Analistas económicos advierten que cualquier proceso de venta requiere transparencia, regulación adecuada y garantías de que los recursos obtenidos se utilicen efectivamente para resolver el problema estructural del IVM, cuyo déficit actuarial se estima en varios puntos del PIB a largo plazo.

La discusión sobre la venta del BCR promete ser uno de los debates económicos más intensos del próximo gobierno, con posiciones encontradas entre el sector político, los trabajadores del banco, economistas y la ciudadanía.